La Asamblea Constituyente francesa abordó en sus reuniones la situación del clero, aplicando unas drásticas reformas. El clero regular – formado por frailes, monjes y monjas – fue suprimido y sus propiedades pasaron a poder del Estado. El clero regular – obispos, canónicos y curas – también perdió sus propiedades expropiadas por el Estado, pero no fue suprimido, sino que se convirtieron en funcionarios estatales. Además curas y obispos eran elegidos por los fieles de su zona. Esta reorganización se fijó por escrito en un documento en el año 1790: la Constitución Civil del Clero.
El papa de Roma, Pio VI condena la Constitución y la Declaración de Derechos del Hombre, estallaba el conflicto Iglesia-Estado. En Francia algunos clérigos aceptaron la nueva situación, aunque la gran mayoría se negó a prestar juramento a la nueva constitución. Estos últimos son conocidos como refractarios, y fueron apoyados por parte de la población que sólo quería acudir a los actos del culto celebrados por ellos. Las autoridades revolucionarios comenzaron a perseguir a estos curas refractarios, considerados enemigos de la revolución.
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